MÉXICO, 28 abril 2009 (El Universal).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) atribuyó este martes la epidemia de influenza porcina que enfrenta México a "la "negligencia y corrupción gubernamental" del gobierno del presidente Felipe Calderón. En la primera comunicación del grupo armado tras anunciarse la disolución de la comisión de Mediación, el EPR acusó a Calderón y a su gabinete de ocultar la verdad sobre la fecha en que inició el brote, y de la cantidad de medicamento disponible para combatir la enfermedad.
"La epidemia de influenza que hay en el país es producto de la negligencia y corrupción gubernamental, consecuencia de una política social elitista que deja en la indefensión a la mayoría de la población, es decir, a los más de 78 millones de mexicanos que viven en la pobreza", sostuvo, en un comunicado dirigido al Pueblo de México, a los organismos defensores de derechos humanos, y a las organizaciones revolucionarias.
El grupo armado calificó de hipócritas las declaraciones de Calderón y los funcionarios de su administración, por considerar que "se hizo caso omiso de las diferentes fuentes que alertaban con mucho tiempo de anticipación de una posible epidemia de esas características, y porque los medicamentos que existen en el país son insuficientes para atender al porcentaje de la población que es potencialmente vulnerable".
En este caso, destacó, se trata de la Población Económicamente Activa, que por las políticas discriminatorias no recibió atención preventiva desde hace años, lo que "habla de la gravedad del problema".
El EPR, además, acusa al gobierno de infundir miedo entre la población sobre la peligrosidad de la epidemia, para inhibir las manifestaciones programadas para el próximo primero de mayo, por lo que exhortó a las organizaciones gremiales a realizarlas y no validar esa supuesta pretensión.
"A costa de la magnitud real del problema, el gobierno de Calderón hace un uso mediático de la situación generando una psicosis colectiva que pretende aprovechar como una medida justificatoria para implementar acciones de corte fascista", afirmó.
El documento agrega que, en general, el gobierno ve la oportunidad "para hacer sus ensayos de la implantación de un estado de sitio a nivel nacional" y cuestiona "¿En qué momento van a decretar el toque de queda?"
El grupo armado también cuestionó las políticas gubernamentales en materia de combate al crimen organizado, y acusó a Calderón de pretender instaurar "un Estado policiaco-militar", con la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que busca cerrar todos los espacios democráticos y anular libertades políticas, para imponer "una dictadura y un gobierno absolutista".
En el texto, asegura, que la actual campaña de combate contra el narcotráfico es una burda farsa, y que el verdadero objetivo "es ejercer la violencia y el terrorismo de Estado contra el pueblo, con fines contrainsurgentes, fogueando a sus cuerpos de elite para tratar de sofocar el estallido social que se gesta en el país".
El EPR aborda también la crisis económica, acusando al gobierno de aplicar una política discriminatoria "para beneficiar sólo a los grandes empresarios y firmas transnacionales, por medio de estímulos y subsidios", mientras carga los costos a la población económicamente activa, a través de miseria, hambruna y desempleo.
Finalmente, el grupo armado anuncia un próximo comunicado en el que dará a conocer su postura sobre la desintegración de la Comisión de Mediación, creada para revisar, con el gobierno federal, la desaparición de dos de sus militantes.
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